HUMAN RIGHTS AND RELIGIOUS FREEDOM:
61st session of the
UN Commission on Human Rights (UNCHR)
12 March - 22 April 2005

Colombia

Intervención oral conjunta de la Alianza Reformada Mundial, el Consejo Mundial de Iglesias, la Federación Luterana Mundial y Franciscans International

Una estrategia global de paz para la superación de la crisis humanitaria y de derechos humanos en Colombia

Señor Presidente:

Hablo en nombre de la Alianza Reformada Mundial, el Consejo Mundial de Iglesias, la Federación Luterana Mundial y Franciscans International. Y como miembro de la Comunidad de Paz de San Jose de Apartadó, también hablo en nombre de la Coalición Ecuménica de Colombia y como parte del Pueblo Colombiano.

Manifestamos nuestra profunda indignación por la persecución sistemática a la que son sometidas las comunidades que reclaman una neutralidad frente a los grupos armados y en especial por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó donde fueron asesinadas 8 personas, entre ellas cuatro niños y uno de nuestros principales líderes el 21 de febrero pasado. La evidencia señala a la Brigada 17 como responsable de esta masacre.

Para la construcción de una Estrategia Global de Paz en Colombia tendría que garantizarse un desmonte real del paramilitarismo. Por el contrario, como señala el informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos sobre Colombia, se observa una “expansión y consolidación…incluyendo su inserción social e institucional” del paramilitarismo.1 Lo anterior supone en la práctica una desarticulación real del Estado Social de Derecho y la implantación de un modelo social y político asentado en el miedo. La política de seguridad del Gobierno colombiano denota una clara “precariedad en la lucha contra los grupos paramilitares, y en particular contra sus estructuras, incluyendo los nexos entre miembros de la fuerza pública y otros servidores públicos y esos grupos”2, lo cual unido al tipo de negociación que se adelanta3 y que deja en la impunidad los miles de crímenes cometidos durante décadas, podría abrir un nuevo período de conflicto en Colombia.

El papel de la comunidad internacional no puede estar orientado a exacerbar y estimular el conflicto o una salida militarista. En tal sentido nos preocupa la creciente participación de los Estados Unidos en el conflicto armado expresada en la presencia de militares y de militares particulares contratados. En la actualidad, Colombia es el segundo mayor destinatario de la ayuda militar estadounidense.4

En el campo social y económico no se han dado “avances necesarios en la disminución de la brecha de inequidad, enfrentar la extrema pobreza, disminuir los índices de analfabetismo y desocupación, y aumentar el acceso a la salud y a la vivienda”5, antes por el contrario durante este período de Gobierno se ha acelerado el proceso de privatización de los servicios públicos básicos, el cierre de empresas nacionales y la apertura casi sin condiciones a las grandes empresas multinacionales. El 1% de la población posee el 55% de la tierra cultivable.

El conflicto actual en Colombia ha producido una de las peores crisis de desplazamiento interno en el mundo con más de 3 millones de desplazados internos, siendo los afrodescendientes y los indígenas particularmente afectados. El desplazamiento ha sido provocado principalmente a través de estrategias militares como medio para imponer lealtad política forzada en cada vez más rincones del país, empeorando la crisis humanitaria y de derechos humanos con consecuencias sociales y demográficas imprevistas. La magnitud del nuevo desplazamiento parece confirmar que los intereses económicos y políticos están detrás de este fenómeno.

Pedimos, por tanto, a la Comisión de Derechos humanos que:

1. Manifieste su preocupación por la masacre ocurrida contra la Comunidad de San José de Apartadó y pida al Gobierno colombiano esclarecimiento, justicia frente al crimen y la reparación a la comunidad.
2. Fortalezca la acción de las Naciones Unidas en especial la Oficina de la Alta Comisionada.
3. Solicite a la Alta Comisionada la presentación de un informe a la Asamblea General sobre la situación de derechos humanos en Colombia.
4. Pida al Gobierno colombiano la implementación coherente y eficaz de las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada y otros mecanismos de las Naciones Unidas.
5. Pida al Gobierno colombiano que presente durante el 2005 un Plan Nacional de Acción en derechos humanos y derecho internacional humanitario.

Gracias señor Presidente.

Notas
1. Ver doc. E/CN.4/2005/10 pag. 2
2. Ver doc. E/CN.4/2005/10 pag. 3
3. La Misión de Acompañamiento del Proceso de Paz de la OEA, coordinada por Sergio Caramagna, en su más reciente informe expresó: “A pesar del compromiso del cese de hostilidades por parte de las AUC, continúan los actos de violencia e intimidación contra la población civil.” CIDH, “ Informe sobre el Proceso de Desmovilización en Colombia”, OEA/Ser.L/V/II.120/Doc.60,13 de diciembre de 2004, http://www.cidh.org
4. See “The Patriot Plan”, CODHES pamphlet, Bogotá – Colombia, 31 de agosto de 2004.
5. Ver doc. E/CN.4/2005/10 pag. 3